El maestro Sendra generosamente pone su ingenio para graficar lo que hay que decir sobre el Mundial y la deuda externa



 

 



 

 

Plan Brady en Argentina

ARCHIVO AL DORSO | Alejandro Olmos Gaona

Siguiendo las indicaciones de Nicholas Brady, quien había sugerido un plan de rescate para la deuda con las instituciones financieras privadas, Cavallo a espaldas del Congreso realizó una serie de conversaciones con un comité de bancos extranjeros integrado por el Bank of America, The Bank of Tokyo, The Chase Manhattan Bank, Chemical Banking Corporation, Crédit Lyonnais, Crédit Suisse, Dresdner Bank, Lloyds Bank, Marine Midlank Bank, Morgan Guaranty Trust, The Royal Bank of Canada, The Sanwa Bank, liderados por el Citibank, llegándose a un acuerdo para efectuar una conversión de la deuda por un importe de 31.000 millones de dólares. El acogerse al Plan Brady significaba obtener una sustancial reducción de la deuda.

A los efectos de estructurar el Plan, Cavallo contrató a J.P. Morgan y al Citibank a los efectos de que prepararan el Plan Financiero mediante el cual se efectuaría el arreglo de esa porción de la deuda. Para los trabajos de Consultoría se contrató a Price Waterhouse.

El contrato con el Citibank se firmó el 1º de enero de 1992, y casi en forma simultánea el contrato con Morgan, quien entregó el Plan Financiero en el mes de junio de ese año. En aquel mes de junio, las autoridades económicas firmaron la carta de cierre enviada por el Citibank el 2 de junio por el cual se convenían las comisiones y los gastos operativos de instrumentación del referido Plan.

El 4 de diciembre de ese año el Presidente Menem firmó el decreto 2.321 por medio del cual autorizó al Ministro de Economía a acordar con los bancos acreedores los términos del canje de parte de la deuda, que era de 23.000 millones de dólares en concepto de capital, y de 8.000 millones de dólares en concepto de intereses atrasados.

El 6 de diciembre el Ministro firmó junto con el Presidente del Banco Central los acuerdos para proceder al arreglo con los acreedores.

Suscriptos los documentos respectivos, Menem firmó el 11 de marzo de 1993 el decreto 407, aprobando el texto de los contratos, con todas sus documentaciones conexas.

Por medio de los documentos mencionados se efectuó la conversión de las siguientes obligaciones:

  • Pagarés emitidos por el Banco Central a través de varias circulares.
  • Contratos de deuda de 1983 a 1987.
  • Contratos de refinanciación de deuda de la provincia de Buenos Aires, de Salto Grande, Alianza, naviera y Autopistas Urbanas.
  • Todos los otros bonos u obligaciones contractuales que vencieran antes del canje de los bonos.

 

El Estado Nacional fue puesto en total indefensión en los contratos que se celebraron, y un resumen de sus cláusulas lo demuestra acabadamente.

1.- Se pactó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, Londres y Frankfurt.

2.- Se renunció a oponer la defensa de inmunidad soberana, aún en los procesos de ejecución.

3.- Se pactaron intereses sobre intereses, consagrándose el anatocismo y violando abiertamente las disposiciones de nuestro derecho interno (que lo prohíbe a través de las disposiciones del Código Civil). También es necesario recordar que mediante los intereses pactados –verdaderamente usurarios–, se violaron normas convencionales y consuetudinarias del Derecho Internacional Público y los principios generales del derecho.

4.- Además de los domicilios legales en las sedes del Banco de la Nación en Londres y Nueva York, se constituyeron domicilios alternativos en instituciones financieras a las cuales la Argentina era ajena, dejándose bien en claro que el acreedor tenía facultades para notificar en el domicilio alternativo.

5.- El Estado se hizo cargo de la totalidad de los gastos de la operatoria, aún de aquellos que correspondían a los bancos intervinientes en el canje. Tales gastos incluyeron los honorarios y gastos de asesores legales, operadores, comisionistas y aún de aquellas erogaciones sin determinar.

6.- Se estableció que si una o más disposiciones contenidas en los contratos fueran nulas, ilegales o no ejecutables, dicha nulidad, ilegalidad o no ejecutabilidad no invalidarían ni harían ilegal los términos de estos. El Estado renunció a utilizar cualquier disposición legal que tornara nulo o ilegal cualquier cláusula del contrato.

7.- Se pactó que ante cualquier controversia que pudiera suscitarse, la Argentina aceptaba ser notificada por correo; y en caso de que el Agente de cierre (Citibank) no notificara a la Argentina o ésta no recibiera la notificación, igualmente quedaba notificada.

8.- Se estableció que los actos materia de los contratos eran de derecho privado y no de derecho público, y en consecuencia la Argentina trataba con los banqueros como un simple particular, renunciando a todos sus derechos soberanos.

9.- Se estableció que ni el Citibank ni el Morgan, sus directivos, funcionarios, operadores, agentes o empleados, serían responsables por cualquier medida adoptada u omitida, ni serían responsables por incumplimiento, negligencia o mala conducta.

Además de estas cláusulas lesivas al interés nacional, y que no reconocen antecedentes en contratos celebrados con anterioridad, el Citibank preparó los dictámenes legales de todos los abogados de la Argentina en EE.UU., Inglaterra, Francia, Japón y Alemania, llegándose al extremo de haber redactado el dictamen del Procurador del Tesoro y del Asesor legal del Banco Central.

Esta configuración de una operatoria fraudulenta sirvió para reconocer el valor nominal de títulos que valían apenas 5.868 millones de dólares, pasando el Estado a suscribir obligaciones por valor de 23.000 millones de la misma moneda.

Como no podía ser de otra manera el plan de conversión tuvo el pleno apoyo del FMI y del Banco Mundial, que enviaron sendas comunicaciones a la comunidad financiera internacional, para informar sobre los compromisos asumidos por el gobierno argentino, especialmente en todo aquello que tuviera que ver con la privatización de las empresas públicas, especialmente YPF, la flexibilización de las leyes laborales, disminución de los impuestos, y entregar al sector privado el manejo de la economía en su totalidad. Pero además, tanto el FMI como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, prestaron en conjunto con el Eximbank de Japón 3.600 millones de dólares para comprar las garantías de la operatoria Brady, que eran los Bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos, lo que consistió en contraer nueva deuda. Los resultados de la operatoria consistieron en una reducción del 8,1% del capital negociado de 32.670 millones de dólares, pero esa quita quedó sin efecto si se toma en cuenta el nuevo endeudamiento contraídos con los organismos multilaterales de crédito.

En el año 1992, y continuando con una práctica de décadas, no había documentación que avalara cuál era en realidad el monto global de la deuda, en razón de lo cual se pagaban las obligaciones externas ante la simple presentación de avisos de vencimiento, y sin requerir a los acreedores que exhibieran los instrumentos que hacían a la legitimidad de las deudas reclamadas. Para solucionar este problema, Cavallo recurrió al comité de bancos que mencionáramos anteriormente y los contrató para que administraran la deuda privada y pública de la Nación, estableciendo ellos los montos de la deuda, los intereses que debían pagarse y la forma de realizar los acuerdos de conciliación. Así se ordenó finalmente el sector externo a través de contratos que costaron enormes sumas de dinero, no declaradas por la autoridad económica. Pero ello en modo alguno solucionó el problema de la deuda que siguió creciendo debido al elevado monto en concepto de servicios que se debían seguir pagando.

Respecto al costo de los contratos con el comité de bancos y con la consultora internacional, en un informe del ministro Cavallo de 1994 se consigna que tal operatoria fue muy onerosa pero en modo alguno se consignaron los montos pagados y la discriminación de los mismos. Tenemos en nuestro poder una cierta cantidad de copias de órdenes de pago efectuadas, donde no existe imputación alguna de qué era lo que se pagaba, y un funcionario del Ministerio de Economía, ante mi requerimiento, me informó que se pagaba a los bancos por disposición del ministro sin que existiera imputación alguna. En el caso de la consultora Price Waterhouse, como los costos de la contratación parece que excedieron las previsiones, se obtuvo una donación del gobierno japonés para hacer frente a los mismos, tal como surge de documentación en nuestro poder.