:: AL DORSO ::

Así lo afirmó José Ignacio Acuña, Licenciado en Ciencias Fiscales, y Gasto Público, integrante del CADTM de la Rep. Bolivariana de Venezuela. Presenta el Informe realizado por la Red Venezolana contra la Deuda

INFORME TÉCNICO Y ECONÓMICO
INDICADORES SOCIALES, PETRÓLEO, RENTA, BALANZA COMERCIAL, DEUDA PÚBLICA Y RIESGO PAÍS, ENTRE 2008-2011

El presente informe tiene como finalidad, acercarnos con cifras, y desde la perspectiva político-económica, a la realidad de la economía del país, tomando como temas centrales de investigación y análisis los indicadores sociales, las cifras de producción y comercialización del petróleo, renta, balanza comercial, riesgo país y deuda pública venezolana en los últimos años, yprincipalmente entre el período 2008-2011

Partiremos del estallido de la crisis económica mundial sucedida en los años 2007 y 2008, tomando como referencia la caída de las economías de los Países industrial y económicamente desarrollados (PIED), y el impacto en las economías de los países del tercer mundo o países en desarrollo (PED).

Presentaremos además, un cúmulo de propuestas que podrán servir como insumo a las instituciones del Sector Público Nacional, para aliviar los efectos de la crisis. También pretendemos que este material posibilite el debate en las cátedras de economía política y social de las universidades y demás centros educativos, organizaciones sociales nacionales e internacionales antiglobalizadoras y sus órganos de contraloría, organizaciones sindicales y consejos de trabajadores, partidos políticos y principalmente para el pueblo en sus distintas formas de organización.

Tomado del Libro La Crisis Global, de Eric Toussaint. (Presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo CADTM. WWW.CADTM.ORG). Ediciones Madres de Plaza de Mayo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mayo 2010. Págs. 22-24 /30-32)

El estallido de la crisis mundial, con múltiples facetas (alimentaria, económica financiera, institucional, de gobernabilidad y de civilización) en los años 2007-2008 ha demostrado hasta que punto las economías del planeta están relacionadas entre sí. El único enfoque para superar la crisis es atacar el mal desde su raíz.

Sin la intervención masiva y concertada de los poderes públicos que acudieron en auxilio de los banqueros, a pesar de ser estos los principales responsables de la crisis actual, esta ya habría alcanzado ya unas proporciones mucho más amplias en el plano financiero.

El colosal montaje de las deudas privadas, pura creación del capital ficticio, acabó desmoronándose en los países mas industrializados, empezando por Estados Unidos, el país más endeudado del planeta. En efecto, la suma de las deudas pública y privada en ese país, se elevaba a finales del año 2008 a 52,6 billones de dólares, esto es, el 370% de su producto interno bruto (PIB), en cuanto a la deuda pública, esta llegaba a los 10,7 billones de dólares.

El proceso en curso de destrucción de ese capital ficticio seguramente proseguirá durante varios años, dado que no todos los bancos y aseguradoras han saneado sus cuentas. Un volumen considerable de productos tóxicos (capital ficticio) aún debe ser eliminado de los activos de estas instituciones. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el costo de la crisis financiera mundial superará, entre el 2007 y el 2010, los 4 billones de dólares, una cifra obtenida “sumando las pérdidas debidas a la depreciación de activos financieros estadounidenses (2,712 billones de dólares), europeos (1,193 billones de dólares) y japoneses (149.000 millones de dólares)”.

Pero la crisis ha superado el nivel de la mera eliminación de capital ficticio, y ha puesto en marcha un amplio proceso de destrucción de capital productivo con quiebras de empresas y despidos masivos. En el 2009, alrededor de 50 millones de desempleados se han sumado al ejército industrial de reserva.

Aún así se hace evidente el entramado de crisis económicas y financieras, su interconexión no había sido tan manifiesta en las dos grandes crisis financieras que sacudieron las economías de los países más industrializados en los últimos 25 años: el crack bursátil de 1987 y el estallido de la burbuja Internet (con este mismo fenómeno) de los años 2000-2001 no tuvieron repercusiones tan graves ni tan duraderas sobre la producción.

Paralelamente, la interconexión de todas las economías salta a la vista. En el curso del año 2008, todas las Bolsas del planeta sufrieron una caída muy importante, tanto las de los países más industrializados (–34 % en los Estados Unidos, –31 % en el Reino Unido, –43 % en Francia, –40 % en Alemania y en España, –53 % en Bélgica, –42 % en Japón y hasta –94 % en Islandia) como la de los países emergentes (–72 % en Rusia, –65 % en China, –52 % en la India, –50 % en Argentina, etcétera). La actual crisis económica y financiera, afectará cada vez más a los países en desarrollo (PED), algunos de los cuales aún consideran que no les perjudicará. La mundialización capitalista no separó ni desconectó las economías; al contrario, países como China, Brasil, India o Rusia no pudieron evadir la crisis, y esto es solo su inicio.

El FMI lo reconocía con su galimatías habitual: «la complejidad y la mundialización creciente de los servicios financieros han contribuido a dinamizar el crecimiento económico, pero han aumentado al mismo tiempo los riesgos de una rápida propagación de las perturbaciones de un mercado a otro y de un país a otro. La crisis muestra cuán difícil es evaluar el riesgo de contrapartida y detectar los lazos potencialmente sistémicos entre instituciones financieras vinculados a un eventual problema de excesiva interconexión». El propósito es asegurar el crecimiento de sus beneficios, banqueros y especuladores han hecho cualquier cosa y han precipitado al mundo a una crisis de múltiples facetas.

En otras palabras, la conjunción de estas crisis plantea a los pueblos la imperiosa necesidad de liberarse de la sociedad capitalista y de su modelo productivista. La interconexión de las crisis capitalistas muestra la necesidad de un programa anticapitalista y revolucionario a escala planetaria. Las soluciones favorables a la población y a la naturaleza tienen que ser internacionales y sistémicas. La humanidad no puede conformarse con términos medios.

Por el momento las soluciones aplicadas son muy discutibles, de hecho, se da prioridad a la defensa a ultranza del sistema capitalista, y se evita cuidadosamente plantear el problema del propio sistema económico.

En efecto, el salvamento de los bancos y de las aseguradoras privadas decidido por las grandes potencias constituye una opción política mayor, que no tiene nada de ineluctable. Los grandes medios de difusión presentan una única salida favorable posible que se inscribe en una campaña ideológica tendenciosa, que tiende a justificar una solución capitalista de la crisis como la única salida posible.

De hecho, el costo de la operación corre íntegramente a cargo de los poderes públicos, lo que ocasiona un aumento considerable de la deuda pública. En efecto, los gobiernos de América del Norte y de Europa cambiaron un escenario tambaleante de deuda privada por un montaje apabullante de deuda pública.

Todos los partidos de derecha, de centro y de la izquierda tradicional apoyaron esta política de salvamento a favor de los grandes accionistas, con el falaz argumento de que no había más que esta solución para proteger el ahorro de la población y el funcionamiento del sistema de crédito. Esta unión sagrada significa el endoso de la factura a la mayor parte de la población, que debe pasar por caja para pagar las francachelas de los capitalistas bajo diversas formas: reducción de los servicios que el Estado presta a los ciudadanos, pérdidas de empleo, caída del poder de compra, aumento de la contribución del paciente por los servicios de salud, de los padres por la educación de los hijos, reducción de la inversión pública, etc.

¿Cómo se financian las operaciones de salvamento en América del Norte y Europa? El Estado aporta dinero fresco a los bancos y a las aseguradoras privadas al borde de la quiebra, ya sea en forma de recapitalización, o la compra de activos tóxicos de las empresas en cuestión. ¿Qué hacen los bancos y las aseguradoras con este dinero fresco proveniente del Tesoro público? Dedican una parte a aumentar su liquidez y a estar en condiciones de distribuir dividendos a sus accionistas. Con la otra parte, compran activos seguros para reemplazar en su balance a los activos tóxicos. ¿Cuáles son los activos seguros en este momento? Los títulos de deuda pública emitidos por los Estados de los países más industrializados (bonos del Tesoro de los Estados Unidos, Alemania, Francia, etc.).

La situación se ha complicado cada vez más: el Estado da dinero a las instituciones financieras privadas en dificultades, pero sin pedir que el capital aportado le dé derecho a tomar decisiones, ni siquiera a participar en las votaciones. A tal efecto, emite unos títulos del Tesoro público que son comprados por estos bancos y aseguradoras, que se mantienen en el sector privado y obtienen nuevos beneficios prestando el dinero fresco que acaban de recibir al mismo Estado, o a otros, exigiendo el máximo interés.

Esta fabulosa superchería goza de la ley del silencio; la filosofía y el mecanismo de estas operaciones de salvamento jamás son realmente analizadas. La omertá es de rigor entre los protagonistas: banqueros ladrones, aseguradores bribones, gobiernos cómplices, grandes media serviles. El lavado de cerebro es impresionante.

En política nada es ineluctable. Es perfectamente posible otra salida. El objetivo de este libro es contribuir a despejar lo que permitiría a los pueblos poner fin a su sumisión a los grandes acreedores y a las grandes potencias.

INDICADORES SOCIALES, PETRÓLEO, RENTA, BALANZA COMERCIAL, DEUDA PÚBLICA Y RIESGO PAÍS: CASO VENEZUELA :

Es necesario hacer una profunda revisión para mostrar “la otra cara de la moneda”, cuando un Estado aplica políticas económicas –indiscutiblemente de corte neoliberal- que tocan directamente los saldos en nuestra balanza comercial (importaciones y exportaciones), la renta petrolera, los ingresos públicos, la “inversión social”, y lo más delicado: El Endeudamiento Público. Todos estos indicadores de “desarrollo económico”, con saldos negativos o erradas orientaciones, evidentemente desmejoran la calidad de vida de nuestra población, y pone sobre nuestros hombros una pesada carga que nosotros “no buscamos tener”.

En esta primera parte, nos dedicaremos a ofrecer las cifras Venezolanas “oficiales” de inflación, importaciones y exportaciones, gastos orientados a la inversión social y el endeudamiento público. De ellas realizaremos un profundo análisis técnico y político, incorporando términos y realidades de la economía global y la crisis actual, para así establecer reflexiones sobre las “nefastas” implicaciones que desde los países del norte pretenden imponer a las economías de menor escala (economías del Sur), y que en lo particular, de no tener sumo cuidado, pudieran tocar nuestra economía nacional.

Como primer dato, el Instituto Nacional de Estadística (INE) da cuenta de una mejora sustancial de la calidad de vida en más del 80% de la población. Pero un importante estudio científico-técnico realizado por la Asociación Latinoamericana de Economía Política Marxista (ALEM), el cual preocupadamente compartimos, da muestra entre otros aspectos, de como la familia venezolana, lejos de ser tocada positivamente por los rimbombantes anuncios del gobierno nacional, que dan cuenta de una mejora en la economía y por ende, en la calidad de vida, ven la desmejora en su capacidad de adquirir bienes y servicios de consumo esenciales: la inflación acumulada en los últimos 12 años supera con creces el 970%, siendo este nivel, en principio, el más alto en américa latina, y sólo comparable con países donde el capitalismo ha impuesto ferozmente sus recetas antagónicas, para oprimir a los pueblos. Tomo de los estudios realizados por ALEM los % de inflación acumulada en algunos países de América en el mismo período: Uruguay 147%, Nicaragua 170%, Costa Rica 212%; Ecuador 480% (con economía dolarizada), Brasil 114%, México 86% y EEUU 34%.

En materia de producción y renta petrolera, hay que decir -en principio-, que PDVSA no hace públicas las cifras “oficiales” de estos dos items, sólo cifras “programadas”. Es allí cuando se imposibilita la acción contralora por de las distintas expresiones organizadas (consejos comunales, comunas, entre otras), o de organizaciones sociales y revolucionarias que han atendido el llamado del Comandante Presidente Hugo Chávez, de estar “ojo pelao” con en manejo eficiente de los dineros del pueblo.

La renta petrolera continua siendo la principal fuente de ingresos del Estado, ya que el solo hecho de la acción de comercialización de la cesta venezolana, esta pudiera financiar los gastos corrientes y de capital del País. Solo a manera de comparación, hagamos el ejercicio de incorporar en el presupuesto nacional que anualmente presenta a la Asamblea Nacional el Poder Ejecutivo, los ingresos reales por concepto de venta de petróleo, y allí precisaremos el verdadero peso de dicho ramo para financiar los gastos ordinarios:

El anterior cuadro denota el volumen de los ingresos petroleros anualmente, y se evidencia el carácter conservador (...) del Ejecutivo cuando formula los presupuestos de ingresos y gastos de un año determinado. La verdad verdadera es que la estrategia política del Ejecutivo es poder utilizar los excedentes de la renta petrolera de manera más discrecional.

Entre los años 2008-2011 los ingresos adicionales del Ejecutivo Nacional, por concepto de excedentes de renta petrolera, son: 2008= 183%; 2009=27%; 2010=162%; 2011=447% (Estimado).

Ahora bien, hablando de exportaciones e importaciones, la lógica indica que la balanza comercial de un país –deseable - debe tener un valor “positivo” (superávit), ósea, las primeras superiores a las segundas. Analizando el caso Venezuela, en los últimos 4 años, las exportaciones totales (petroleras y no petroleras) son superiores a las importaciones totales. Pero cuando sacamos las exportaciones petroleras de la cuenta, vemos que las importaciones (los bienes y servicios que compramos fuera del país) son exorbitantemente superiores a las exportaciones “no petroleras”. Esto indica que nuestra única y principal fuente de ingresos en el país sigue siendo el mal llamado “oro negro”. Veamos los siguientes cuadros y sus gráficos:

Importaciones Netas Vs. Exportaciones netas
Importaciones Netas Vs. Exportaciones No Petroleras

De lo anterior se evidencia que persiste una constante y marcada tendencia a satisfacer las demandas primarias de bienes y servicios de la población (alimentos, medicinas, textiles, materia prima y productos terminados diversos, cauchos, productos primarios de papel, entre otros), por la vía de las importaciones, lo que debilita considerablemente los esfuerzos que el mismo Estado hace para fortalecer la producción local (sector público y social). Podemos “en criollo” decir, que por cada 1 dólar que nuestras empresas públicas y privadas producen para vender en el extranjero (exportaciones), compramos 10 dólares en bienes y servicios de empresas extranjeras (importaciones). Nos preguntamos: ¿Realmente es una política del estado apostar a la producción nacional? ¿A quién beneficia el “negocio” de las importaciones? ¿Cuál debe ser el rol de los movimientos revolucionarios de campesinos, pequeños productores, cooperativas, movimientos sociales, y demás formas de organización no subyugadas a la tutela del estado?

Cuando se importan bienes y servicios de un país extranjero, también importamos su inflación.

Para concluir este punto, hay que lastimosamente hacer referencia a lo expuesto por el buen amigo y ex ministro de energía y minas, profesor Víctor Álvarez, quien alertó sobre la participación del sector privado en el PIB, consecuentemente cercana al 65% anual, sobre un 35% público. Ha dicho el Presidente Chávez: “hay que hacer esfuerzos para que el PIB sea idénticamente compartido entre el sector público y privado” y progresivamente el estado debe controlar la producción en sectores estratégicos del país (alimentos, medicinas, textiles, materia prima y productos terminados diversos, cauchos, productos primarios de papel, entre otros), actualmente controlados por empresas transnacionales, amparadas en los “nefastos” convenios para evitar la doble tributación entre empresas de los gobiernos que suscriben los mismos (...). En este particular, comenta el buen amigo y profesor Luis Britto García, que la economía venezolana deja de percibir más de 17.300 millones de US$ anuales por ISLR no pagados en el país por las empresas transnacionales cuando éstas se acogen a los TNDT.

Revisemos algunos instrumentos legales, que han sido reformados por la Asamblea Nacional, a solicitud del Ejecutivo Nacional, para obtener recursos adicionales, para orientarlos a “inversión social”.

La reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, permite al Ejecutivo Nacional hacerse de los excedentes de las Reservas Internacionales que están por encima del nivel “óptimo” (cerca de 26.000 millones de US$). En 2008, las R.I. estaban en 43.127 millones de US$, y al 31/03/2011, el saldo es de 26.638 millones de US$, lo que representa recursos adicionales para el Ejecutivo Nacional por 16.489 millones de US$ (más de 70.000 millones de Bolívares) para financiar “inversión social”

La reforma de la Ley del Fondo de Desarrollo Social (FONDEN) ha permitido al Ejecutivo Nacional obtener adicionalmente, sólo en los últimos 3 años 62.913 millones de US$, y sumando las proyecciones de 2011, que sitúan el ingreso aproximadamente en 44.753 millones de US$, podemos concluir que elEjecutivo Nacional obtendría 107.666 millones de US$, también para ser orientados a proyectos de “inversión social”. Los recursos administrados a través del FONDEN se obtienen de porcentajes que van del 50 al 95%, de los excedentes de la venta de petróleo. Para dar un ejemplo, en 2011 el precio de realización (Barril de petróleo OPEP) fijado en el Presupuesto Nacional es de 40 US$/Barril, y el promedio del mismo en el mercado mundial ronda los 98 US$/barril. Esa “diferencia” va al FONDEN.

Ambas fuentes de financiamiento adicionales al presupuesto nacional, se orientan a “inversión social”. Hablaríamos de más de 124.155 millones de US$ (aproximadamente 356.012 millones de Bolívares = 356 billones de “los viejos”, utilizando los tipos de cambio Bs/US$ anterior y actual). Estos recursos van a las instituciones públicas, muchas con estructuras burocráticas, donde la práctica ha dado muestras de una gran corrupción, ineficiencia e ineficacia en el uso de los recursos públicos. Tal aseveración fue hecha por el propio Comandante Presidente Chávez, quien de manera recurrente ha llamado al pueblo a vigilar y velar por el buen uso de cada bolívar que él asigna para proyectos de “inversión social”.

Tocamos un punto poco bien explicado por nuestros expertos económicos, vinculados a instituciones públicas, y que dan cuenta –a medias-, de las cifras de la deuda, y no asoman los efectos negativos de tal medida. Dice el Comandante Presidente Hugo Chávez: “como estratega, visto varios escenarios, siempre debemos estar preparados para afrontar el peor”. Hacia ese punto, siendo consecuentes con la anterior idea, ponemos en relieve las cifras y los escenarios tangibles.

La composición de nuestra Deuda Pública (interna y externa) viene dada por los siguientes conceptos y montos:

1.- Deuda Pública Interna del Gobierno Central, compuesta por: Bonos de la Deuda Pública Nacional (BDPN) y Letras del Tesoro, por un monto de 34.619 millones de US$.
2.-Deuda Pública Externa del Gobierno Central, compuesta principalmente por: créditos con bancos comerciales y otras instituciones financieras, con instituciones bilaterales, bonos, créditos con multilaterales y deudas con proveedores extranjeros, por 37.619 millones de US$.
3.- Deuda de PDVSA, compuesta por: bonos y créditos con proveedores, por 29.515 millones de US$, aún cuando los estados financieros preliminares de PDVSA en 2010 dan cuenta de una deuda a corto plazo superior a los 65.000 millones de US$.
4.- Préstamo en el Marco del Convenio de Cooperación China – Venezuela, compuesta por cuatro (4) préstamos-créditos otorgados para el financiamiento de proyectos de infraestructura e “inversión social”, por un monto conjunto de 32.000 millones de US$, de los cuales 4.000 millones de US$ fueron pagados por la República, quedando un saldo por pagar de 28.000 millones de US$.
5.- Complemento de la Ley de Endeudamiento 2011: Bonos DPN a ser emitidos por el Ejecutivo Nacional, por 10.465 millones de US$

Estos cinco (5) conceptos suman una Deuda Total del Gobierno Nacional de 140.218 millones de US$.

Hay que mencionar que en el caso de la deuda externa, la misma se ha emitido en monedas extranjeras (euros y dólares), y los bonos de la deuda pública interna, bajo la modalidad de “doble denominación” (bolívares y monedas extranjeras – euros y dólares-). En el segundo caso, los tenedores de bonos venezolanos, que compraron en bolívares, pueden exigir su reembolso en moneda extranjera. En el caso de las deudas comerciales, las mismas se hacen exigibles en moneda extranjera.

De lo anterior podemos decir que nuestra deuda interna es perfectamente “extranjerizable”, lo que además, en caso de mora o incumplimiento en el pago, los tenedores de dichos papeles pueden recurrir a instancias internacionales para demandar su pago y pedir resarcimiento de daños y perjuicios, si los hubiere. Comenzamos pues a jugar con las reglas del capitalismo. El Gobierno de Venezuela actualmente es demandado por incumplimiento en el pago de los famosos Bonos BANDAGRO -emitidos en la IV República-. Dichos papeles, con un valor nominal de 100 millones de US$, pudieran costarnos la bicoca de 900 millones de US$ si el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias en materia de Inversiones (CIADI), falla a favor de los tenedores y en contra de la República. Para más detalles, el CIADI es un ápice del Banco Mundial, un tribunal hecho a la medida de los países del norte y sus empresas transnacionales. Como dato, en los últimos años, los países en desarrollo (PED) han acudido como parte en 232 juicios, promovidos por empresas transnacionales, y solo han “cantado victoria” en 2 de ellos. Actualmente Venezuela está siendo demandada en esa instancia de arbitraje (...) por 17 empresas transnacionales, que sumadas, pretenden arrebatar del patrimonio público más de 30.000 millones de US$. No entendemos como el Gobierno de Venezuela acepta someterse a la legalidad de tal instancia, y no ha tomado acciones “soberanas”, como las hechas por Ecuador y Bolivia, de deslindarse del perverso arbitraje internacional.

Para mayor preocupación, hemos visto como el costo en bolívares de nuestras deudas prácticamente se ha duplicado: fueron contratadas como lo mencionamos anteriormente por 140.218 millones de US$, en su equivalente a 335.838 millones de bolívares (casi 336 billones de “los viejos”), y ahora, producto de lo que los expertos económicos vinculados a las instituciones públicas llamaron “nivelación del tipo de cambio” (de 2,60 a 4,30 Bs/US$), el costo de pagar nuestra deuda asciende a más de 555.425 millones de bolívares (más de 555 billones de “los viejos”). No nos dijeron esos “expertos” que el costo de dicha medida representará para Venezuela un desembolso adicional de 219.587 millones de bolívares (ó casi 220 billones de “los viejos”). Pequeño olvido, NO?

El rendimiento (tasa de interés) para los tenedores de bonos Venezolanos -en sus distintas modalidades de emisión-, oscila entre un 7 y 15% anual, mientras que como referencia, un Bono o Letra del Tesoro Norteamericano tiene un 1% de rendimiento anual. Adicionalmente el tenedor del bono tendrá una “ganancia extra” de casi el 100% del valor de compra, producto de la “nivelación del tipo de cambio”.

Nos preguntamos: ¿cuánto cuesta un BDPN? ¿quién los compra? ¿con que fin los compra?.

Un BDPN cuesta no menos de Bs. 5.000, o su equivalente en US$ (cerca de 1.923, tomando el tipo de cambio 2,60 Bs/US$, por que bajo esos precios se emitieron). Una familia Venezolana en promedio devengaba entre 2008 y 2010 una remuneración conjunta de Bs. 2.500, y que tiene gastos esenciales (comida, vestido, alquiler, educación, medicinas, transporte, entre otras), ¿puede “darse el lujo” de comprar un Bono?. Parafraseando a un conocido conductor de conocido programa de concursos, transmitido por un canal privado local: ¿respuesta definitiva? ¿sin comodines? NO PUEDE COMPRAR UN BDPN, sencillamente por que su presupuesto no le da para hacerlo.

Ahora bien, ¿quién SI puede comprar un BDPN y para qué? Un BDPN sólo puede ser adquirido por agentes del capitalismo (empresarios, banqueros, burguesía nacional, agentes económicos al servicio de países o empresas transnacionales, y demás personas con ese “target”). Ya es conocida la gran “estafa” de las casas de bolsa que operaban en Venezuela (Econoinvest, entre otras), las cuales fingían ser agentes de intermediación entre el pueblo llano (...) y el Estado, y que fueron “descubiertos” por los órganos de inteligencia venezolanos por estar vinculados a grandes estafas, usurpación de identidades y demás actos de corrupción, todo con el fin de hacerse de los BDPN.

Este mecanismo “perverso” les permitiría hacerse de dólares, comercializar dichos papeles en el extranjero, que llevaban el respaldo del Gobierno Nacional. El BDPN era una especie de “dólar en papel”, que les permitía realizar actos de comercio en el extranjero, importar, llevarse las divisas a otros países o paraísos fiscales, etc., sin pasar por el ente regulador venezolano en materia de divisas (CADIVI). A grandes luces, la emisión de BDPN no favorece a pequeños inversores, ni a los “pendejos”, favorece a las grandes mafias económicas, que con libertad y cierta complicidad, se mueven dentro del territorio nacional.

El servicio de la deuda pública comprende la amortización de capital y el pago de intereses. Dejándonos llevar por la información de los “expertos económicos” al servicio de las instituciones del estado venezolano, que pregonan un excelentísimo flujo de caja, tenemos que en 2008, del total del servicio de la deuda fue de 16.072 millones de bolívares, de los cuales el 34% del pago fue a amortizar capital y el 64% a intereses; en 2009, de 15.537 millones de bolívares, 32% para amortización y 68% intereses; en 2010, 16,808 millones de bolívares, 0% a capital y 100% a intereses. En 2011, de 25.001 millones de bolívares, a capital el 12% y a interés el 88%. En este último año, el costo de pagar 11.489,7 millones de US$ de nuestra deuda “extranjerizada”, ahora es de 49.406 millones de bolívares.

El Presupuesto Nacional 2011, presentado por el Ejecutivo Nacional y aprobado por la Asamblea Nacional, contempla los desembolsos por concepto del servicio de la deuda, y los montos asignados al Ministerio del Poder Popular para la Educación Básica, Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ministerio del Poder Popular para Salud y Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Allí se evidencia que pagamos más por efectos del endeudamiento, que lo invertido en educación, salud y alimentación para todo un año.

El costo para asegurar la deuda venezolana contra la moratoria, según la empresa calificadora de riesgo país, JP MORGAN, está por el orden de 1.013 puntos en el mercado de Credit Default Swaps, pero dando cuenta de un informe “confidencial” (Global Sovereign Debt Credit Risk Report) elaborado por la empresa Británica CMA, para el primer trimestre de 2011, el mismo señala:

“La probabilidad acumulada de incumplimiento (CPD) cuantifica la probabilidad de que un país no puede hacer frente a sus deudas u obligaciones durante un período de tiempo determinado. La oportunidad de Venezuela de la cesación de pagos o reestructuración (default) dentro de los cinco años se mantiene por encima del 50% (segundo del mundo, después de Grecia, y primero en américa latina)”.

Cabe mencionar que CMA es la empresa que sirve como brazo consultivo a la Bolsa de Londres, quien a su vez, fija la tasa LIBOR, que impone el rendimiento (tasa de interés) de los Bonos y Letras Venezolanas.

Definitivamente las organizaciones sociales, y más aún las que han tomado con preocupaciónel tema del manejo de las finanzas públicas en Venezuela, las distintas formas de organización territorial, las universidades, los sindicatos y consejos de trabajadores, y todas las fuerzas vivas del país, deben asumir la vanguardia frente a lo que pudiera ser una debacle económica, que impacte directamente en la calidad de vida de la población, y vean detenidos los avances que el Gobierno Bolivariano ha procurado para su pueblo.

El Gobierno Nacional ha impulsado una serie de leyes que posibilitan la contraloría social de los planes y proyectos, y su correspondiente asignación de recursos, por parte del pueblo organizado, y las instituciones están obligadas a suministrar de forma clara, sincera y precisa toda la información necesaria para objeto de análisis, para así anticipar las soluciones ante hechos económicos que puedan acrecentar la crisis económica, no sólo en Venezuela, sino en los países con quienes mantenemos alianzas políticas y económicas y el resto del mundo.

Hay que recordar que se mantienen vigentes los factores que provocaron la crisis económica mundial. Los países del norte, en su afán de traspasas el costo de la crisis a los países del Sury PED, y así debilitar la mediana consistencia de los segundos, para luego tratar de imponer sus recetas neoliberales y criminales, y que han servido para construir el perfecto modelo de dominación en el mundo. No es casual que los países “desarrollados” jueguen a la guerra, al control de la producción de alimentos, a hacerse de los recursos energéticos de los PED, a tratar de establecer controles de precios, etc. Debe ser una estrategia de acción inmediata, el reordenamiento de las economías de los PED, la consolidación de alternativas de integración subregionales o globales, distintas a las impuestas por los “grandes” (G-8, G-20, ALCA, TLC, entre otros).

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrolla en su preámbulo y en una serie de artículos (5, 6, 62, 141, 187, entre otros), pero como lo referimos anteriormente, fue recientemente sancionada la Ley de Contraloría Social, que entre otros aspectos posibilita:

Auditoria Social de la Deuda Pública:

Promover y desarrollar la cultura del control social como mecanismo de acción en la vigilancia, supervisión, seguimiento y control de los asuntos públicos, comunitarios y privados que incidan en el bienestar común.
Garantizar a los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de la contraloría social, obtener oportuna respuesta por parte de los servidores públicos y servidoras públicas sobre los requerimientos de información y documentación relacionados con sus funciones de control.
Asegurar que los servidores públicos y servidoras públicas, los voceros y voceras del Poder Popular y todas las personas que, de acuerdo a la ley, representen o expresen intereses colectivos, rindan cuentas de sus actuaciones ante las instancias de las cuales ejerzan representación o expresión

Suspensión de los efectos de la aplicación de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones y su Reglamento Nº 1, hasta tanto no se realice la auditoria social, que permita cuantificar los ingresos que deja de percibir la república por la aplicación de los tratados para evitar la doble tributación entre países, y que sólo se han beneficiado las empresas transnacionales radicadas en el país, acabando con su producción a gran escala, y sus importaciones, con el desarrollo productivo de Venezuela. Es necesario un instrumento legal que imponga tributos en relación con su renta.

Declarar el inmediato retiro del Gobierno de Venezuela ante el CIADI, y someter a las empresas transnacionales a la administración de justicia por parte de los tribunales venezolanos, tal como lo hicieran en su momento, los Gobiernos de Ecuador y Bolivia, que lograron afianzar su soberanía como pueblos.

Solicitar a los Congresos y/o Asambleas Nacionales de los países del ALBA, la inmediata ratificación de los acuerdos suscritos por los Presidentes, para procurar la nueva arquitectura financiera regional, que impulsen el Banco del Sur y el Sistema Unitario de CompensaciónRegional de Pagos (SUCRE)

Incorporar de manera activa y permanente a las organizaciones sociales, las distintas formas de organización territorial, las universidades, los sindicatos y consejos de trabajadores, y todas las fuerzas vivas del país, en la toma de decisiones respecto a la ejecución de planes y proyectos nacionales, regionales, locales y comunales, para así consolidar el poder popular, como instancia de participación y toma de decisiones en las políticas públicas.