El maestro Sendra generosamente pone su ingenio para graficar lo que hay que decir sobre el Mundial y la deuda externa



 

 



 

 

Estado, empresas y acumulación

ENTREVISTA RADIAL (25.05.2013)
ANA CASTELLANI (*)

AUDIO I

AUDIO II

AUDIO III

 

(*) Doctora en Ciencias Sociales y magíster en Sociología Económica.Codirectora Maestría en Sociología Económica Idaes-Unsam. Investigadora Conicet.

 

ESTADO Y EMPRESARIOS:
Difusión de ámbitos de acumulación en la historia argentina reciente.
Intervención económica estatal.


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NOTAS ADJUNTAS:

Estado, familia y propiedad: Los ricos en la Argentina reciente

Ana Castellani y Mariana Heredia

 

La publicación reciente delranking de la revista Forbes dedicado a listar las personas más ricas del mundo en el que figuran seis argentinos, nos invita a pensar algunas cuestiones relevantes para la sociología económica, y en particular, para los estudios sobre las elites.La polémica de estas tradiciones con el discurso liberal es manifiesta. Frente a quienes subrayan el mérito del empresariado en el marco de una competencia abierta y el recurso a la racionalidad individual como fundamento de la lógica económica, los padres fundadores de la sociología y los teóricos maquiavelistas alertan sobre el posible cierre de las elites así como subrayan la imbricación estrecha de los negocios en redes sociales y familiares.

Cuando las coyunturas críticas alientan la reorganización del orden capitalista y amenazan con una redefinición de sus elites, los interrogantes sociológicos recobran interés y permiten guiar el análisis hacia dos grandes aspectos. Por un lado, en la medida en que advertimos que la competencia perfecta dista de ser la dinámica “natural” de los mercados y que las crisis contribuyen a reestructurar a los participantes y las lógicas que los caracterizan, una cuestión mayor refiere a la incidencia de la acción estatal en la construcción y preservación de las grandes fortunas. Por otro lado, en tanto los individuos y sus acciones se despliegan en un arco de relaciones diversas, una segunda pregunta remite a la relación entre riqueza y familia o, en términos más conceptuales, al grado de apertura de las elites y al compromiso de los núcleos conyugales y sus distintas generaciones en la gestión y ampliación de los negocios.

Es en este sentido que la nómina de los argentinos más ricos merece escrutarse con atención. En coincidencia con otros rankings disponibles, la lista publicada por Forbes está integrada, en orden de fortuna, por los hermanos Alejandro y Carlos Bulgheroni (5.100 millones de U$S), Paolo Rocca (3.000 millones de U$S), Eduardo Eurnekián (1.800 millones de U$S), Gregorio Pérez Companc (1.500 millones de U$S) e Inés de Lafuente Lacroze (1.200 millones de U$S). Veamos con más detalle el perfil de cada uno para adentrarnos luego en la compleja relación entre Estado, familia y propiedad.

Los hermanos Alejandro y Carlos Bulgheroni, actualmente dueños del 20% de la segunda petrolera más grande del país, Pan American Energy, son herederos del grupo económico Bridas fundado por su padre, Alejandro Angel Bulgheroni, un inmigrante italiano que se instaló, en la primera mitad del siglo XX, la provincia de Santa Fe. El grupo se fundó en los años cuarenta y fue creciendo como proveedor de bridas (un insumo para los caños que se usan en la perforación de petróleo) a la petrolera estatal YPF y se expandió notablemente a mediados de los setenta, merced a la privatización periférica de la petrolera estatal que los llevó a convertirse en contratistas de áreas claves de explotación. Siempre muy vinculados con el poder, Carlos (abogado) se ocupó del lobby y la participación política (fue un activo miembro de la agrupación empresaria informal “Capitanes de la Industria”) y Alejandro (un ingeniero industrial especializado en petróleo) se dedicó a los asuntos técnicos de la producción. En los años noventa, los Bulgheroni se expandieronen el mercado local merced a la política de desregulación y de privatización petrolera iniciada con Carlos Menem. En 1997, subieron la apuesta al fusionar la empresa familiar con el gigante estadounidense Amoco que un año más tarde se uniría a la británica British Petroleum. Esta estrategia de internacionalización les permitió atravesar exitosamente la crisis de comienzo de siglo XXI para posicionarse, durante la gestión kirschnerista, como grandes jugadores en el sector hidrocarburífero, al obtener la concesión de importantes áreas de explotación de petróleo y gas por 40 años.

El segundo lugar está ocupado por otro descendiente de inmigrantes, Paolo Rocca, nieto de Agostino Rocca, el italiano que fundó en nuestro país, en la segunda posguerra, la Organización Techint. Actualmente, este ingeniero de tercera generación preside la organización y algunas de sus empresas: Terniun- ex SOMISA-, Tenaris (ex Siderca) y Techint (constructora). El grupo familiar se dedica básicamente a la producción siderúrgica y las grandes obras de ingeniería y actualmente lidera el mercado mundial de caños de acero sin costura. Hasta los años setenta, la expansión del conglomerado tuvo lugar gracias a su rol privilegiado de proveedor, cliente y/o contratista de diversas empresas y reparticiones estatales. La reinversión de una parte sustantiva de las utilidades en investigación y desarrollo permitieron que el grupo pegara un salto en los años ochenta y lograra insertarse competitivamente en el mercado mundial. Así, paralelamente a la implementación de las reformas estructurales y tras la compra de la firma estatal SOMISA, Techint alcanzó su integración completa y el pleno dominio del mercado siderúrgico local. A diferencia de otros casos, este grupo logró superar muy bien la crisis de la convertibilidad y constituirse en líder indiscutido en los sectores en los que opera. Los Rocca siempre se destacaron por una activa participación política y por un férreo control familiar en la gestión de los negocios.

En el tercer lugar se ubica Eduardo Eurnekián, otro multimillonario local descendiente de armenios, actual presidente de Corporación América, un grupo diversificado que tiene negocios, principalmente, en la administración de los aeropuertos del país, concesión de rutas, energía, vinos y biodisel. También administra aeropuertos en otros países (Uruguay, Italia, Armenia, Brasil, entre otros). Hasta comienzos de los ’80, Eurnekián se dedicó a trabajar en la empresa textil familiar. En 1981, fundó Cablevisión que terminó convirtiéndose en una firma líder en el mercado del cable en la década siguiente. Hacia 1995, el empresario vendió la mitad de esta empresa a capitales estadounidenses por la suma de 500 millones de dólares y, a partir de 1998, se hizo cargo de la administración de los aeropuertos, a través de la firma Aeropuertos Argentina 2000. Por otra parte, a mediados de los ’80, también incursionó en el negocio de medios de comunicación al comprar el diario El Cronista Comercial y, en los ’90, adquirió el control del canal América TV. En una clara estrategia de diversificación de actividades, fue propietario de las aerolíneas LAPA y Southern Winds que vendió luego para concentrarse en la administración de los aeropuertos más importantes del país. Tras la crisis del 2001, se concentró en una estrategia de internacionalización que lo llevó a controlar el funcionamiento de diversos aeropuertos, esta vez, en el mundo. Si bien el grupo se dedica a múltiples actividades, Eurnekián nunca abandonó el negocio familiar: aún conserva grandes hilanderías en el Chaco y Formosa. Sin hijos, sus sobrinos se han ido involucrando progresivamente en el manejo del emporio que heredarán.

Con una fortuna apenas inferior se sitúa luego Gregorio Pérez Companc. Líder del ranking de hombres más ricos del país por más de diez años, este católico practicante, muy vinculado al Opus Dei, es descendiente de una familia relativamente tradicional de la Argentina y está casado con una descendiente de apellido ilustre, María de Carmen Sundblad Beccar Varela, con quien tuvo ocho hijos. Gregorio heredó el grupo Pérez Companc fundado por su padre, de fuerte presencia en el mercado petrolero local y en el mercado de las grandes construcciones. Ahora bien, la mayor expansión del emporio familiar se dio durante la última dictadura gracias a una fuerte articulación con las empresas y reparticiones del Estado en calidad de contratista, concesionario y/o proveedor. De amplia participación en el proceso de endeudamiento externo que luego fuera absorbido por el Estado entre 1981 y 1982, el grupo formó parte luego de los Capitanes de la Industria, principales interlocutores del alfonsinismo dentro del empresariado local. En la década de las reformas estructurales, el grupo incrementó su grado de diversificación en el proceso de privatizaciones. Se reconvirtió hacia fines de los noventa, cuando adquirió diversas empresas en el sector agroindustrial (compró la tradicional firma Molinos al grupo Bunge y Born). A comienzos de este siglo, vendió la nave insigña del grupo (la Cía Naviera Pérez Companc) a la firma brasilera Petrobrás para coronar una estrategia de especialización en el sector alimenticio. Ante una prole numerosa, dividió el 75% del paquete accionario entre sus siete hijos (la mayor falleció en la década del ochenta), algunos de los cuales están activamente involucrados en la gestión de los negocios. Gregorio por su parte, se dedica, desde hace algunos años, a la filantropía y al coleccionismo de autos.

Cierra la lista la única mujer, Inés de Lafuente Lacroze, clara descendiente de una familia patricia. Su fortuna es la herencia de otra, la que su madre heredó (y contribuyó a acrecentar) de su segundo marido Alfredo Fortabat, el dueño del grupo económico homónimo y de la principal cementera del país: Loma Negra. La madre de Inés, Amalia Lacroze de Fortabat, enviudó en 1976 y se quedó con el control de las empresas de su esposo. Al igual que en la mayoría de los casos, el grupo se expandió notablemente en los segundos setenta merced a la expansión de la construcción pública y de la cartelización del mercado del cemento (objeto de una investigación judicial que demostró los acuerdos entre las 5 grandes firmas del sector para repartirse geográficamente el mercado y fijar precios discrecionales). En los años ochenta, Amalita también participó de Capitanes de la Industria. Plena defensora de las políticas de reforma estructural de los noventa, la empresaria lideró una estrategia de activa participación en el proceso de privatizaciones para integrarse verticalmente (con la compra de la línea ferroviaria de carga que une Olavarría, donde está la cementera, con la ciudad de Buenos Aires). A mediados de la década del 2000, la empresa nodriza del grupo, la cementera fundada por Fortabat, fue vendida a capitales brasileños. La fortuna heredada por esa venta tras la muerte de su madre, convierte a Inés de Lafuente Lacroze en la mujer más rica del país. También asocia su nombre al coleccionismo de arte, con el Museo fundado hace algunos años en el barrio de Puerto Madero.

¿Qué rasgos sobresalen de este relato y hasta qué punto ejemplifican atributos característicos de las elites económicas argentinas de las últimas cuatro décadas?

En primer lugar, frente a la persistencia en el discurso público de la noción de “oligarquía” y a las conclusiones de estudios realizados en otros países, sobresale la importancia de descendientes de inmigrantes y, por lo tanto, la relativa insignificancia, entre los multimillonarios argentinos, de miembros de las clases altas tradicionales.De hecho, en el caso de Eurnekian, Rocca y Burgheroni se trata de familias inmigrantes deradicación relativamente reciente en el país. En el caso de Perez Compac y Lacroze de Fortabat, la relación con las familias patricias no agota ni explica la prosperidad de sus empresas. El interrogante es entonces si este atributo relativamente “plebeyo” refiere únicamente a los ocupantes de los escalones más altos. Aunque las respuestas son provisorias, parecieran indicar que se trata más bien un rasgo generalizado del gran empresariado local. En un estudio en curso, constatamos que los apellidos tradicionales constituyen un número insignificante en el listado de los 130 dueños y dirigentes de empresa que comandaron las 90 compañías más importantes del país entre 1976 y 2001. Ambos indicadores darían cuenta de las altas posibilidades de movilidad social ascendente características del país durante la segunda posguerra.

¿Deberíamos concluir entonces que la que se ha consolidado en los últimos años es una elite abierta e inestable, sometida a los desafíos de una severa competencia? Sería plausible pensarlo a la luz de la singular inestabilidad económica que ha caracterizado al país desde los años setenta. No obstante, como señalaron tempranamente Azpiazu, Basualdo y Khavisse (1986), lo más notable es que estos seis multimillonarios argentinos, como muchos otros miembros de las clases más altas, han amasado, incrementado y preservado sus fortunas en el período que comienza con la dictadura y se extiende hasta la actualidad. Si las cambiantes condiciones macroeconómicas no han afectado de manera significativa estos patrimonios es porque, salvando el caso de Techint donde la capacidad innovadora es innegable a la hora de conquistar y retener nuevos mercados, el rasgo dominante de estos empresarios ha sido la relación estrecha y preferencial con el Estado.Como muestra Castellani (2009) el gran empresariado se ha visto beneficiado, en tanto contratista, comprador y deudor condonado por la autoridad pública, de las medidas adoptadas por gobiernos de distinto signo.

En este sentido, aunque se tienda a asociar a la “oligarquía” a las actividades agropecuarias, estos y otros casos revelan que los hombres de negocio más prósperos, en la Argentina reciente, son también los más diversificados. Aunque podamos en todos los casos mencionados identificar una actividad económica de partida, todos ellos han consolidado su ascenso proyectando sus negocios sobre otras actividades así como sobre el escenario local e internacional.

No es entonces sorprendente que las relaciones estrechas con los gobiernos (más que con la sociedad) sean un atributo característico de estos empresarios. En Nueva York o en Santiago, los ricos despliegan abiertamente su patrimonio, dan notas en la prensa, se sienten con derecho a participar de la vida pública y política, extrayendo de su experiencia exitosa “lecciones” para el resto de sus conciudadanos. En la Argentina, en cambio, los grandes empresarios tienden a eludir la visibilidad pública y la participación política directa. Todos ellos, no obstante, cultivan muy especialmente, en la discreción de los clubes selectos y las oficinas ministeriales, los vínculos con las autoridades políticas de turno. No sorprende: de ellas ha dependido, en un escenario cambiante, la supervivencia y la expansión de sus negocios.

Así, en este mundo de reglas inestables y de contactos personales fuertes, el lugar de la familia y de las redes de solidaridad interpersonal son cruciales. La literatura de management ha contribuido a señalar las fortalezas y debilidades de la gestión familiar de los negocios. Entre las primeras, se ubica la flexibilidad, la confianza mutua, el compromiso personal con la empresa. Entre las segundas, muy relativas en el caso de los grandes emprendimientos, la falta de profesionalización, las tensiones interpersonales y las dificultades para reproducirse entre generaciones. El predominio de este tipo de organizaciones en las empresas argentinas de todo tamaño resulta abrumador y da cuenta de sus virtudes, aún en el marco de un capitalismo globalizado. Como en otros sectores sociales, la ausencia de instituciones vigorosas hace reposar sobre los contactos interpersonales la resolución de muchos pequeños desafíos cotidianos (desde el acceso a información hasta la presentación de gente confiable). Tal vez esto explique por qué, aún cuando sea posible identificar ricos estructurales y nuevos ricos (Heredia, 2011), el debilitamiento de los primeros y las cuantiosas redes que los vinculan con los segundos propicien cierta disolución de las diferencias así como el encuentro y el intercambio entre ambos en los espacios reservados a las elites.

La impugnación de los ricos, como una categoría ahistórica y escindida de la sociedad, es la que tiende a predominar en el discurso público. Sostener esta impugnación categorial desde el discurso sociológico puede derivar en un grave error analítico. La mayor parte de los estudios señalan que la cuestión no remite tanto a los atributos específicos (psicológicos o clasistas) de los multimillonarios como a su relación con el colectivo, mediada por las instituciones. Es en la transparencia y eficacia de las regulaciones impositivas, laborales, distributivas, donde el dilema filosófico sobre la moralidad de la riqueza puede dar paso a pautas más explícitas y legítimas de distribución y reconocimiento. Por su raíz católica y por el carácter plebeyo de su movimiento político mayoritario, los argentinos suelen rechazar las grandes distancias entre los más ricos y los más pobres. Lamentablemente, en la medida en que los discursos no se han traducido en prácticas eficientes de distribución y control, esto no ha impedido que las desigualdades perduren y hasta se agudicen.

En Argentina existe una larga tradición en materia de publicación de rankings empresarios en revistas especializadas. Desde 1969 Mercado, y desde 1975, Prensa Económica arman el listado de las empresas que más venden en el país. Con la reciente aparición de la edición argentina de Forbes, se complementan estos rankings, con el de las fortunas individuales.

Base Elites económica. Argentina 1976-2001, elaborada en el marco de proyecto PIP 1350 “Configuración de las elites argentinas. Las relaciones entre los cambios estructurales y corporativos del poder económico, el ascenso de la tecnocracia y la desprofesionalización del poder político entre 1976 y 2001”financiado por el CONICET.

 

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Ámbitos privilegiados de acumulación en la Argentina reciente

 Castellani, Ana (coord)

 

Introducción

I

La historia argentina reciente presenta una particularidad desconcertante: durante décadas el Estado transfirió cuantiosos recursos públicos hacia un reducido grupo de grandes firmas a través de múltiples mecanismos y sin embargo, los resultados generales de estas políticas de fomento a ciertas fracciones del capital consideradas estratégicas para el desarrollo distaron mucho de ser favorables. Por el contrario, durante la segunda mitad del siglo XX se observan tres rasgos distintivos del derrotero económico nacional: la persistente dificultad para construir un patrón de desarrollo sostenido que permita aumentar la capacidad productiva, el acervo tecnológico y la calidad de vida de la población; el progresivo deterioro de las capacidades y de los niveles de autonomía relativa del Estado a la hora de diseñar, implementar y monitorear políticas públicas; y la consolidación de un reducido grupo de empresas que experimentaron un proceso acelerado de expansión gracias a su vinculación preferencial con el Estado.

En este libro analizamos las causas de este proceso suponiendo que el tipo de relación estructural establecida entre el Estado y los empresarios condujo a la conformación y progresiva expansión de diversos ámbitos privilegiados de acumulación (APA) que al difundirse en forma generalizada acrecentaron las restricciones al desarrollo. La particularidad de estos ámbitos es que las empresas privadas involucradas obtienen niveles extraordinarios de ganancias derivados de la existencia de privilegios institucionalizados y no institucionalizados generados por el accionar estatal.

Es muy abundante la literatura que reconoce la importancia de la relación Estado/empresarios para explicar los procesos de desarrollo sostenido en los países de industrialización tardía. Con distintos matices, en los trabajos se señalan tres factores centrales a la hora de explicar estos procesos:

a) la realización de intervenciones económicas estatales de alta calidad (o sea, coherentes, estables, relativamente autónomas, eficientes en cuanto al diseño y eficaces a la hora de la implementación de las diversas políticas);

b) la existencia de un empresariado “disciplinado” y comprometido activamente con el desarrollo nacional, dispuesto a colocar sus excedentes fronteras adentro, a realizar innovaciones de productos y procesos que permita menguar la dependencia tecnológica y proclive a realizar inversiones productivas que le permitan competir en el mediano plazo en el mercado internacional (al menos en algunos nichos estratégicos previamente seleccionados); y

c) elevados niveles de reciprocidad entre los actores públicos y privados y difusión de relaciones de enraizamiento entre los funcionarios públicos y los empresarios para garantizar el éxito de esas intervenciones estratégicas, tanto en su etapa de diseño como en la de implementación.

La evidencia empírica recabada en diversos estudios de caso demuestra que una articulación entre el Estado y los empresarios que facilite la construcción de un proyecto de desarrollo sostenido requiere la estabilidad en la orientación de políticas públicas que promuevan el crecimiento de ciertas ramas estratégicas de actividad, la existencia de reglas de juego claras para el capital, la construcción de canales institucionales de diálogo duraderos entre funcionarios y capitalistas para definir el contenido de esas cruciales intervenciones públicas, yel disciplinamiento del capital por parte del Estado, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos oportunamente. En suma, una combinación de intervenciones estatales de calidad, capitalistas disciplinados y autonomía enraizada.

Este tipo virtuoso de articulación permitiría la construcción y difusión de ámbitos estratégicos de acumulación (AEA) proclives al desarrollo, basados en la existencia de privilegios selectivos, transitorios, consensuados e institucionalizados, que en el largo plazo, logran incrementar la dotación de capital físico, el desarrollo de innovaciones tecnológicas (tanto de productos como de procesos), la productividad del capital y la competitividad internacional. Diversas experiencias de este tipo se registraron en algunos países del sudeste asiático a partir de los años sesenta, y dentro de la región latinoamericana, Brasil constituye en alguna medida, un ejemplo de este tipo de articulación fructífera entre el sector público y el privado.

Sin embargo, existen casos donde el Estado interviene activamente transfiriendo cuantiosos recursos públicos al sector privado y sin embargo no logra construir estos espacios de acumulación estratégicos.En su lugar se van difundiendo diversos APA que favorecen a una reducida fracción de empresas que logran expandirse aceleradamente sin incrementar su eficiencia y productividad; fortalecen a los empresarios que acceden a estos privilegios aumentando su injerencia en la orientación de la intervención estatal; debilitan el accionar estatal, por la progresiva pérdida de capacidades administrativas y financieras, y en definitiva, son incapaces de propiciar la construcción de un proceso de desarrollo sostenido como los AEA.

Pero para que esos espacios existan y se difundan es necesaria la construcción de una especie de red integrada por diversos actores y prácticas que permiten la generación y sostenimiento de diversos mecanismos de obtención de cuasi-rentas de privilegio no transitorias que son apropiadas por las firmas privadas involucradas sin ningún tipo de contraparte. En este sentido, el concepto permite incorporar dimensiones de análisis empírico vinculadas con el comportamiento de los actores sociales implicados y las relaciones que se establecen entre ellos. Precisamente, los APA sólo se pueden sostener si funciona una amplia y difusa trama de relaciones que articule los intereses de funcionarios políticos, burócratas y capitalistas. Estas relaciones pueden ser de distinto tipo, pero en todos los casos persiguen el mismo resultado: sostener, diversificar y/o expandir las condiciones privilegiadas de acumulación.

El mantenimiento de esta trama de relaciones, incluso ante el cambio de la gestión económica o hasta del propio patrón de acumulación, perpetúa las cuasi rentas de privilegio como forma primordial de acumulación de las empresas más grandes del país desalentando así procesos de innovación tecnológica y deteriora cada vez más la calidad de la intervención por la progresiva pérdida de autonomía y capacidades estatales.

En efecto, en vez de realizar intervenciones estratégicas que permitan superar los problemas económicos más acuciantes (más allá de cual sea el diagnóstico que en ese momento se tenga sobre los mismos), el accionar estatal, desarticulado y debilitado por la conjunción de las prácticas mencionadas, termina incrementando el poder económico de la fracción empresaria privilegiada por el accionar estatal, situación que retroalimenta el círculo vicioso del estancamiento. Precisamente, al obtener mayor poder económico, esta fracción empresaria apuesta al debilitamiento de las capacidades estatales en procura de sostener los ámbitos que facilitan la obtención de cuasi-rentas de privilegio. A su vez, la expansión y sostenimiento de los APA conspira con la posibilidad de alcanzar el desarrollo económico, en tanto desalienta las conductas innovadoras, ya que estas aparecen ante los ojos de los capitalistas como excesivamente costosas e innecesarias en un contexto en el que es más sencillo (y redituable) conseguir privilegios estatales sin necesidad de garantizar (o cumplir, cuando las hay) metas de desempeño.

Además, la difusión de estos ámbitos genera profundas transformaciones en el perfil de los grandes agentes económicos, permitiendo la expansión y consolidación de aquellas empresas privilegiadas por la intervención estatal. El incremento de poder de estas fracciones se traduce en una mayor capacidad para incidir sobre el Estado, no sólo para sostener los ámbitos existentes, sino para generar otros nuevos e incluso para orientar el rumbo de las políticas económicas hacia la conformación de patrones de funcionamiento más concentrados y centralizados en términos económicos, y más excluyentes en términos sociales. En este proceso las capacidades estatales mencionadas se van debilitando aún más, dificultando la realización de intervenciones relativamente autónomas de los intereses del capital concentrado.

El libro que presentamos en esta oportunidad recupera estos supuestos para analizar el proceso de conformación de diversos APA en la historia argentina reciente.

II

Los artículos que integran este libro presentan los resultados obtenidos por un equipo de investigadores y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el marco de un proyecto colectivo financiado por la Universidad Nacional de San Martín.

En el primer artículo, Ana Castellani presenta los elementos teóricos y metodológicos para construir y aplicar la categoría ámbitos privilegiados de acumulación. Además, realiza un análisis de la formación y difusión de dichos ámbitos en la historia económica argentina entre 1966 y 1989 mostrando cómo y por qué la relación Estado-empresarios fue conformando este tipo de espacios que incrementaron las restricciones al desarrollo del país.

En segundo lugar, el trabajo de Lucas Iramainmuestra mediante un exhaustivo trabajo de fuentes que la orientación y la calidad de la intervención económica estatal en materia de obras públicas viales durante la última dictadura militar, crearon las condiciones de posibilidad para la configuración de un ámbito privilegiado de acumulación para las empresas privadas partícipes en la construcción de esas obras.

Esteban Serrani analiza la relación entre Estado y empresarios durante el proceso de reformas estructurales del sector petrolero en los años noventa. Específicamente, reconstruye el conjunto de articulaciones entre los elencos estatales y los agentes privados que se genera durante ese período para sostener el ámbito privilegiado de acumulación abierto durante la última dictadura militar a partir de la privatización periférica de YPF. En definitiva, muestra cómo la relación entre Estado y empresarios en el sector tendió a generar un conjunto de prácticas colusivas y de colonización de los reductos estratégicos estatales que impactaron en el aparato estatal, acelerando el deterioro de sus capacidades técnico-administrativas y financieras.

El cuarto trabajo aborda el proceso de conformación de un ámbito privilegiado de acumulación en torno a la privatización de los canales de televisión abierta 11 y 13 en carado en 1989. Minuciosamente, Bernadette Califano reconstruye las relaciones establecidas entre el Estado y las empresas de medios durante ese proceso y establece las principales consecuencias que esta relación tuvo en la elaboración de políticas públicas en materia de comunicación. En efecto, la autora describe el proceso privatizador de estos canales identificando las estrategias que desplegaron las empresas de medios de comunicación ante los cambios en la orientación de la intervención económica estatal hacia fines de los ochenta.

A continuación, Guillermo Colombo aborda las transformaciones en la actividad pesquera industrial a partir de la aplicación de las reformas estructurales de lo años noventa. El autor se interroga sobre el por qué de un conjunto de intervenciones estatales ineficientes o de baja calidad que afectaron las posibilidades de una actividad extractiva sustentable, su impacto sobre las poblaciones vinculadas a la actividad pesquera y los resultados que arroja en términos de desarrollo, poniendo el foco en el proceso histórico de articulación entre el Estado y los empresarios.

El libro concluye con el análisis del proceso de concesión de los servicios ferroviarios de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, que tuvo lugar durante el primer quinquenio de la década de los noventa. En su artículo, Verónica Pérez muestra que la concesión de los ferrocarriles urbanos presentó importantes similitudes con los rasgos generales del proceso privatizador, fundamentalmente en lo que refiere a la orientación de la intervención económica estatal, la cual configuró condiciones favorables a la conformación de un ámbito privilegiado de acumulación en el sector.

En suma, todos los artículos del libro que el lector tiene en sus manos intentan desentrañar los rasgos de un tipo particular de relación entre Estado y empresarios vigente durante décadas en nuestro país, que nos convoca a pensar sobre las posibilidades de construcción de un proceso de desarrollo durable.

En el capítulo 1 de este libro se puede encontrar la presentación exhaustiva de esta bibliografía.

Esta definición se distancia de las tradicionales miradas neoliberales o neoinstitucionalistas sobre el papel del Estado en la difusión de comportamientos rent seeking, ya que supone que las rentas no son el resultado de la existencia de un funcionariado corrupto, sino que surgen de varias y complejas articulaciones que se dan entre funcionarios y empresarios, en cada momento histórico, tal como se verá inmediatamente.

Se trata del proyecto UNSAM SCO 079 tituladoTransformaciones en el perfil y comportamiento de los grandes agentes económicos en contextos de reforma estructural. Un análisis de las prácticas económicas y políticas de la cúpula empresaria argentina entre 1989 y 2002 dirigido por la Dra. Ana Castellani en el Centro de Estudios Sociales de la Economía del Instituto de Altos Estudios Sociales.